Fomento denuncia a 5 bancos por malas prácticas hipotecarias

Fomento denuncia a 5 bancos por malas prácticas hipotecarias

Ratio: 0 / 5

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Fomento y Vivienda ha denunciado a cinco entidades financieras por incumplir el Código de Buenas Prácticas Bancarias con deudores hipotecarios. La denuncia ha sido presentada hace un mes por la Delegación Territorial de Córdoba ante la Fiscalía Provincial. Elena Cortés reclama que el ministerio público evalúe si ha habido un tratamiento a deudores que suponga un ilícito penal por parte de las siguientes entidades financieras:

  • BBK-Cajasur
  • Unicaja
  • Banco Popular
  • Bankia
  • Caixabank

Entre otras cuestiones, se denuncian «novaciones al amparo del Código de Buenas Prácticas que pretenden dar transparencia a cláusulas suelo recogidas en la hipoteca objeto de reestructuración; imposición de la obligación de estar al corriente de pago de las cuotas hipotecarias para acogerse al decreto; inicio de procedimiento de ejecución hipotecaria sin dar cumplimiento al decreto ni atender las medidas previas al mismo recogidas en él».

Otras prácticas denunciadas por la Fomento y Vivienda son las de «imposición de la obligación del pago de los costes de formalización de la escritura pública; imposición de la obligación a la firma préstamos personales de estar al corriente de pago aun cuando traigan causa de un incumplimiento anterior de la propia entidad; incumplimiento de la obligación de informar adecuadamente a los clientes sobre la posibilidad de acogerse al código; o incumplimiento de la obligación impuesta en el artículo 5.9 del decreto, en lo referido a la llamada letra pequeña».

El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda fue puesto en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda en octubre de 2012 para evitar desahucios e intermediar ante las entidades financieras.

Fuentes de la Consejería señalan que, «aunque es de estas cinco entidades financieras sobre las que se aportan casos concretos», se trata de un incumplimiento muy extendido del Código de Buenas Prácticas en el conjunto de las entidades.

Según la denuncia, la Junta cree que se trata de «actitudes o comportamientos por parte de determinadas entidades bancadas que deben ser corregidas al objeto de reforzar el marco de protección de los deudores hipotecarios sin recursos», por lo que le dan traslado a la fiscalía «por si pudiera ser constitutivo de ilícito penal».

El Código de Buenas Prácticas es de adhesión voluntaria, pero de obligado cumplimiento para las entidades.